El colapso del sistema que conduce la quebrada Los Negritos convirtió un problema viejo en una crisis visible y urgente. Las lluvias intensas ya no se filtran en secreto por tuberías ocultas. Brotan con violencia en las calles de Barrio Dent: se estancan, inundan casas, paralizan las actividades universitarias y bloquean rutas nacionales clave.
Tras casi tres décadas de soluciones parciales y medidas de contención temporales, la Municipalidad de Montes de Oca enfrenta el tener que tomar una decisión: elegir entre ocho propuestas técnicas para resolver la situación.
Dos destacan por su viabilidad: construir un nuevo túnel o expropiar el cauce. Solo una de ellas se presenta como una solución definitiva que permitiría cerrar el ciclo de emergencias: devolverle su curso natural al río, restaurando además la integridad ecológica del sector y su resiliencia frente al cambio climático.
La propuesta de expropiar construcciones asentadas sobre la quebrada y restituir su área de protección aparece como la Alternativa 8 en el informe técnico municipal. Esta opción no surge como una ocurrencia de último momento. Ingenieros, regidores y el consultor la describen como una vía sensata y estructural.
Aunque implica remover viviendas, gestionar litigios complejos y asumir un alto costo político, restauraría el cauce natural y permitiría un manejo más seguro y ecológico del agua pluvial. También abriría nuevas posibilidades urbanas, como corredores biológicos, espacios recreativos y sistemas sostenibles de drenaje urbano.
La otra opción destacada, la Alternativa 5, consiste en una obra subterránea que atravesaría exclusivamente vía pública. Esta opción no exige expropiar, pero sí destinar al menos $10 millones y esperar varios años para que esté completamente ejecutada, con todos los riesgos y sobrecostos que eso conlleva en obras públicas.
La quebrada Los Negritos nace en la parte alta de Sabanilla y recorre áreas densamente urbanizadas como San Pedro hasta desembocar en el río Torres. Su trayecto atraviesa zonas con alto valor institucional, residencial y vial. En 1995, con el objetivo de evitar inundaciones en Barrio Dent, se construyó un desvío mediante una tubería metálica de más de tres metros de diámetro.
En lugar de mejorar el cauce, se optó por enterrarlo. Esta decisión, pensada como solución definitiva, se convirtió en la raíz del problema. El sistema falló por primera vez en 2005 y volvió a fallar en 2007. En ambos casos, se realizaron arreglos con tubos de menor diámetro, lo cual redujo la capacidad hidráulica (flujo del agua) del sistema.
Para 2023, la estructura estaba completamente obstruida. El agua, sin salida, se desbordó y encontró caminos por casas y calles. Las zonas más bajas de San Pedro y Dent terminaron convertidas en embalses urbanos ante la falta de evacuación pluvial efectiva.
El ingeniero Roberto Villalobos, del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, fue contundente al señalar que la tubería principal “ha sufrido un colapso estructural”. Según su criterio técnico, el problema pudo haberse originado desde la instalación misma. “Parece ser que cuando se instala la tubería no se le hace un encamado y un relleno correcto”, explicó. Estas fallas no fueron corregidas a tiempo ni con rigor técnico suficiente.
Las reparaciones sucesivas se convirtieron en una cadena de improvisaciones. Los estudios municipales más recientes, a cargo del ingeniero Norman Aguilar Mora, propusieron ocho salidas posibles. Cada alternativa fue valorada según criterios de costo, dificultad técnica, impacto social, tiempo estimado y capacidad para enfrentar lluvias intensas. La Alternativa 5 y la Alternativa 8 fueron las únicas que obtuvieron la nota más alta: 66.25 puntos.
Las demás soluciones quedaron rezagadas por sus limitaciones, falta de sostenibilidad o costos desproporcionados.
Alternativas descartadas
La Alternativa 1 propone reparar el tramo dañado del desvío original. Implica abrir una zanja profunda, de más de 15 metros, para instalar una nueva tubería en el mismo trayecto. También se contempla reforzar el suelo con anclajes pasivos o activos.
Los anclajes pasivos son elementos estructurales que se utilizan para estabilizar estructuras al transferir cargas al suelo, sin requerir tensión activa. Se instalan de manera permanente y funcionan por su peso y fricción. Por otro lado, los anclajes activos se tensan para proporcionar un soporte adicional, permitiendo ajustar la carga según sea necesario.
Esta opción enfrenta dos problemas mayores: debe atravesar propiedades privadas y su capacidad hidráulica solo permite cubrir tormentas de retorno de diez años. Aunque técnicamente es factible, resulta limitada, cara y arriesgada. La intervención subterránea en un tejido urbano consolidado representa además riesgos estructurales para las viviendas adyacentes.
La Alternativa 2 plantea colocar una tubería auxiliar paralela a la actual, con un diámetro de 1.5 metros, enterrada a ocho metros de profundidad. Su construcción sería más sencilla que la de la Alternativa 1, pero solo podría evacuar 6.0 m³/s, lo que no cubre ni la mitad del caudal estimado durante una tormenta severa. Además, requeriría expropiar parte del terreno aledaño.
Su impacto sería parcial, más bien paliativo, y no resolvería el problema general del sistema. Mantendría la quebrada enterrada, sin abordar la presión de fondo en la cuenca.
La Alternativa 3 propone aprovechar un embalse natural existente aguas arriba. El plan consiste en canalizar una porción del caudal hacia ese depósito para reducir la velocidad del agua durante las lluvias. Sin embargo, el volumen de almacenamiento de este embalse es muy bajo. Además, legalizar esta intervención requiere el aval del SINAC y probablemente una nueva legislación.
El trámite ambiental se vuelve más complejo que la obra misma. No es una opción viable a corto ni mediano plazo. Técnicamente tampoco representa una solución estructural, pues depende de un cuerpo de agua poco confiable.
La Alternativa 4 propone la creación de una laguna de retardo en un parque urbano cercano. La idea es que esta laguna capture el exceso de agua durante las tormentas y lo libere gradualmente. Aunque suena como una medida amigable con el entorno, su impacto real sería mínimo. El terreno disponible no es suficiente y las expropiaciones necesarias serían caras.
Esta alternativa es lenta de ejecutar, poco efectiva y no resuelve la raíz del problema. Además, su ejecución alteraría los usos recreativos actuales del parque, generando oposición comunitaria.
La Alternativa 6 sugiere un túnel, pero con un trayecto más largo que atraviesa propiedades privadas. Aunque permite un mejor ángulo de descarga al río Torres, este detalle no compensa los obstáculos legales que supondría negociar con múltiples propietarios. Este túnel costaría más y se enfrentaría a un proceso de ejecución lento, lo que llevó a su descarte.
La inseguridad jurídica y el riesgo de procesos judiciales congelan la viabilidad de esta opción.
La Alternativa 7 repite el enfoque del túnel, esta vez con 250 metros de longitud y el mismo diámetro de 3.5 metros. Como la opción anterior, requiere expropiaciones. Aunque su capacidad hidráulica sería suficiente, los tiempos de ejecución, el presupuesto incierto y los trámites legales hicieron que esta propuesta se considerara inviable. De nuevo, el problema no es técnico, sino administrativo, legal y presupuestario.
Alternativas viables
La Alternativa 5 plantea la construcción de un túnel con un diámetro de 3.5 metros y una longitud de 260 metros. La obra pasaría completamente bajo la vía pública, desde el embalse informal en Barrio Dent hasta el punto de descarga en el río Torres. Según el informe técnico, “no se requiere paso por propiedades privadas”, lo cual reduce conflictos legales.
Su mayor ventaja es que permite una intervención rápida y estructurada. Su mayor debilidad es la duración del proyecto, que podría extenderse por más de cinco años. El costo estimado es de $9.39 millones. “La alternativa cinco (…) era todo por calle pública”, aseguró Aguilar en entrevista. La municipalidad ya encargó los planos preliminares.
Esta solución, sin embargo, sigue dependiendo de futuras labores de limpieza y mantenimiento, y su efectividad dependerá de una supervisión que históricamente falla en el país.
La Alternativa 8 propone expropiar todo el tramo del cauce y su área de protección legal: diez metros a cada lado del margen. Con esto, se reconstruiría la quebrada como un canal abierto, tal como exige la Ley Forestal 7575.
“Ellos presentaron este informe pero solo hicieron el cálculo o las estimaciones de cálculo sobre la solución de la tubería (alternativa 5) pero no de la compra de las propiedades y la recuperación de la quebrada y el área de protección”, reconoció el regidor, Mario Ruíz. Para él esta medida “resolvería el problema prácticamente de forma definitiva y permanente”. También lamentó que esta opción haya sido “omitida totalmente” en las presentaciones públicas hechas por la administración municipal.
Esta opción reestablecería además la función ecológica del ecosistema ribereño y mejoraría la biodiversidad urbana.
El consultor Norman Aguilar respaldó esta propuesta. Aclaró que, “en criterio muy personal”, la considera “la mejor opción”, porque “puede ser más económica” a largo plazo y “restaura la mecánica de los ríos”. Desde la perspectiva ecológica, devolverle su cauce a la quebrada elimina riesgos estructurales y permite absorber mejor los efectos del cambio climático.
Pero requiere voluntad política, coordinación institucional y participación ciudadana. “No lo puede hacer solo la Municipalidad de Montes de Oca. Si es expropiación necesitamos de la Municipalidad de San José”, advirtió el alcalde Domingo Argüello. La integración de ambas municipalidades es clave, pues la quebrada Los Negritos atraviesa jurisdicciones que deben coordinarse en un mismo plan rector, con una visión metropolitana del riesgo y del desarrollo urbano.
Este 2025, la Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo (expediente 25-003244-0007-CO) que obliga al alcalde de Montes de Oca, al SINAC y a la CNE a atender con urgencia las gestiones vecinales relacionadas con la quebrada. El tribunal también ordenó entregar informes en diez días hábiles y advirtió sobre sanciones personales en caso de incumplimiento.
Además, condenó al Estado y a la municipalidad al pago de “costas, daños y perjuicios”. Esta resolución reavivó el debate público y presionó al gobierno local para tomar decisiones más firmes.
El alcalde Argüello solicitó formalmente declarar la zona en emergencia cantonal. Esta medida permitiría agilizar contrataciones, recortar trámites administrativos y acceder a fondos de emergencia. Además, anunció que ya trabaja con el alcalde de San José, Diego Miranda, para “establecer una misma línea de avalúo y negociación”. Sin este acuerdo intermunicipal, el plan de expropiación no puede avanzar.
La declaratoria de emergencia, aunque limitada en su alcance, representaría una señal política de que el problema debe resolverse sin más postergaciones.
Mientras tanto, la municipalidad ejecutó acciones de emergencia en años anteriores. Se instalaron dos tuberías auxiliares de 1.5 metros de diámetro en el embalse informal de Barrio Dent para desaguar con más velocidad. Se reforzó la cortina de tierra (estructura de retención) con concreto lanzado a alta presión y acero para evitar nuevas filtraciones. Estas medidas, sin embargo, no son más que parches. No atacan el origen del problema ni mejoran la capacidad estructural de la red pluvial.
El dilema se mantiene intacto. ¿Enterrar millones de dólares en una estructura subterránea, que en el futuro podría volver a fallar? ¿O devolverle su espacio natural al río, aunque eso implique expropiar y asumir un proceso legal prolongado?
