-Desde 1997, ocho proyectos de ley sobre la materia han pasado por la Asamblea Legislativa
-Expertos en comunicación aseguran que la clase política no ve el tema como prioridad
7 de diciembre de 2022
En Costa Rica, el derecho de acceso a la información pública está normado por la Constitución Política, decretos presidenciales y votos de la Sala Constitucional. Pero, actualmente, no hay una ley específica que regule y defina los parámetros para solicitar y recibir información de carácter público.
“Tenemos una serie de leyes dispersas en distintos marcos normativos que de alguna u otra forma regulan el derecho de acceso a la información, pero necesitamos una ley marco”, expresó Giselle Boza, periodista, abogada y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI).
Desde 1997, al menos ocho proyectos de ley se han propuesto pero ninguno se ha consolidado hasta la fecha. Según afirman expertos, esto se debe a que los proyectos incumplen con los estándares necesarios que requeriría una ley marco de acceso a la información pública, motivo por lo que incluso se les ha llamado “leyes mordaza”.
El proyecto más reciente fue presentado por el actual diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco. Este se presentó el pasado 22 de mayo y actualmente está en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
El 26 de abril del presente año, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley presentado por la exdiputada Carmen Chan. El proyecto fue vetado parcialmente por el expresidente Carlos Alvarado el 6 de mayo, dos días antes de dejar el poder.
En esa ocasión el exmandatario expresó que dos incisos del proyecto de ley “representan un riesgo para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública y para la libertad la prensa, por lo que resultan inconstitucionales, en tanto evidencian roces con la Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Otro motivo por el cual aún no se ha logrado la consolidación de una ley marco es “falta de voluntad política por miopía política de no entender la relevancia de estas leyes marco y también un entendimiento desde la sociedad civil”, aseguró Yanancy Noguera, fundadora del proyecto Punto y Aparte y directora del Colegio de Periodistas y profesionales en ciencias de la comunicación colectiva (Colper).
Giselle Boza coincidió con Noguera. “Creo que no se ve como un asunto prioritario, por un lado, porque todavía prevalece una cultura de opacidad en la administración pública, es decir, todavía no hay claridad de que toda la actuación de las administraciones públicas están sujetas al principio de publicidad. En segundo lugar, tampoco hay claridad de que es un derecho instrumental, es decir, permite la realización de otros derechos fundamentales”, manifestó Boza.
¿Es necesaria una ley que regule el acceso a la información pública?
Los expertos afirman que la normativa para regular el derecho de petición es amplia en Costa Rica. El debate gira en torno a lo que debe y no debe incluir una eventual ley marco. En su mayoría, coinciden en que una ley que regule el acceso a la información pública debe ir acompañada de una cultura política.
Rodolfo González, periodista, abogado y director del programa ‘7 Días’ y Teletica.com manifestó: “¿Cuál es el principal problema como periodista? A partir de mi experiencia no es la falta de legislación. El problema es la gente que tiene que dar la información: no conocen la norma o no conocen la jurisprudencia. O la conocen y no les importa cumplirla”.
Los ‘pros’ y ‘contras’ de la actual propuesta
El intento más reciente para consolidar una normativa marco de acceso a la información pública es el proyecto de ley 23.113, presentado por Alejandro Pacheco, diputado del PUSC.
Para el proyecto “lo que hicimos fue tomar proyectos de ley, que ya se habían visto en la Asamblea Legislativa durante mucho tiempo”, según el diputado Pacheco. Por otra parte, el mismo diputado reconoce que su proyecto de ley tiene deficiencias que deben ser estudiadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde actualmente se encuentra el expediente.
El texto actual propone una reducción en el tiempo que tienen los funcionarios públicos para entregar la información, aunque algunas instituciones podrían enfrentarse a dificultades, aseguró el diputado.
“Hay una gran cantidad de información en las instituciones públicas que no está digitalizada y que está solo en papel, entonces brindar esa información a veces con los requerimientos nuestros es materialmente imposible en 48 horas o en los plazos de cinco días”, dijo Pacheco.
El proyecto de ley no establece con claridad qué características específicas debe tener la información solicitada para que las instituciones públicas extiendan el plazo de 48 horas. El diputo socialcristiano asegura que decisión “debe apelar al sentido común”.
Otros expertos también reconocen que el actual proyecto plantea beneficios y “fortalece” la libertad de prensa, como expresa Boza:
La abogada también expresó que “tenemos que preocuparnos si el Estado tiene políticas afirmativas para garantizar el acceso a sectores a quienes tradicionalmente se les ha vulnerabilizado el derecho, por ejemplo, personas adultas mayores que tiene una brecha digital importante, o los pueblos indígenas”, señaló Boza.
El proyecto de ley entró en el orden del día, en la Comisión de Jurídicos, desde septiembre de este año. El plazo para discutirlo se vence en 2026.
Estudiante en la Universidad de Costa Rica.
