Las Terapias de Conversión en Costa Rica en pleno 2024
En los últimos años, el debate sobre la prohibición de las terapias de conversión ha cobrado relevancia en Costa Rica. El proyecto de ley 20.970 presentado por el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, en 2018 ha desencadenado una intensa discusión en la sociedad costarricense, donde se enfrentan principios fundamentales como los derechos humanos y las libertades individuales.
Esta iniciativa pretende rescatar múltiples acuerdos, tratados y convenios internacionales sobre Derechos Humanos, en los cuales se ha dejado sin sustento o justificación ética ni jurídica las intervenciones médicas y psicológicas que, sin base científica, pretendían “curar” o “corregir” la orientación sexual.
Debate político
Por un lado, activistas por los derechos humanos, como Nayla Carvajal Sancho, han respaldado esta iniciativa en el periódico digital Delfino, argumentando que las terapias de conversión son una forma de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTI+. Según ellos, estas prácticas vulneran derechos fundamentales y atentan contra la dignidad de las personas.
Sin embargo, existen voces disidentes en este debate. El Frente Nacional por la Vida (FRENAVI) y la Iglesia Católica, representada por la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), han expresado su preocupación ante esta propuesta legislativa. Para ellos, la prohibición de estas terapias podría vulnerar derechos constitucionales y libertades fundamentales, como la libertad de expresión y religión.
El Frente Nacional por la Vida rechaza contundentemente el proyecto de ley 20.790 que presentó el Partido Frente Amplio, porque va “en contra de la libertad de las personas”. Asimismo, añaden que las personas que se auto perciben como diferentes a su realidad biológica y genética, por la dignidad humana inherente a todo ser humano, gozan del derecho a la salud como uno de sus derechos fundamentales.
Propuesta de ley
La reforma propuesta incluiría la prohibición absoluta de cualquier forma de propaganda o publicidad engañosa o ambigua relacionada con terapias aversivas contra las personas LGBTI+.
Además, se establece que el incumplimiento de las prohibiciones mencionadas conllevaría una sanción de 60 a 100 días multa. En caso de reincidencia, además de la multa, se aplicaría la suspensión del ejercicio de la profesión por hasta tres años para personas físicas, y la cancelación de la respectiva licencia o permiso sanitario de funcionamiento para personas jurídicas.La ley prohibiría realizar, impartir, aplicar, obligar o financiar tratamientos, terapias, servicios o prácticas que impidan, menoscaben, anulen o supriman la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
De momento, no está claro cuál será el futuro del plan, ya que Nueva República no descarta un bloqueo del proyecto en el plenario, alegando que se está violentando el derecho a la libre expresión.
Visión internacional
Un informe realizado por las Naciones Unidas y publicado por La República ha alertado a la sociedad Costarricense y a países como España o Canadá, entre otros muchos. El informe coloca a Costa Rica entre los 68 países que autorizan y aplican terapias de conversión sexual, y por lo tanto, vulneran los derechos de una parte de la población.
De igual forma, se puede ver como Costa Rica es un país atrasado en derecho comparado con otros países de Latinoamérica y Europa. Un ejemplo es que desde el año 2000, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría se posicionó en contra de las terapias “reparativas” de la orientación sexual, identidad de género o características sexuales de un individuo, cuestionando su validez científica, la falta de estudios, investigaciones y resultados científicos que pudieran validarlas.
Más allá de las posturas divergentes, la discusión en el Congreso refleja la complejidad de construir una sociedad inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. La propuesta de prohibir las terapias de conversión se erige como un paso importante hacia la garantía de la igualdad y el respeto a la diversidad.
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