Por Francella Madrigal, Aarón Acosta y Alejandro Arguedas
El pasado viernes 10 de julio la Comisión de Enlace, junto con la comisión de la asamblea legislativa encargada de negociar el Fondo Especial Especial de la Educación Superior (FEES), acordaron recortar ₡48.000 millones del FEES y postergar el giro de ₡35.000 millones asignados a gasto de capital para que estos sean dirigidos al Plan Nacional de la Educación Superior Estatal durante los próximos 4 años.
Esta medida fue tomada como parte de la propuesta hecha por la Asamblea Legislativa de reducir el Producto Interno Bruto (PIB) en un 1% para el nuevo presupuesto extraordinario con el fin de proveer soluciones ante la crisis económica causada por el Covid-19. Este 1% corresponde a una cantidad aproximada de 350.000 millones de los cuales el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha sufrido el rebajo más significativo a nivel de las instituciones del estado según muestran lo datos oficiales del presupuesto, el cual incluye gastos administrativos adicionales al FEES.
El inicio de las negociaciones
Inicialmente la comisión de la asamblea integrada por los diputados Wagner Jiménez (PLN) quien preside la comisión designada a analizar el FEES, Pablo Heriberto Abarca (PUSC), Erick Rodríguez (independiente), Yorleni León (PLN), Roberto Thompson (PLN), Sylvia Patricia Villegas (PIN), Xiomara Rodríguez (PRN), Mario Castillo (PAC) y Enrique Sánchez (PAC), propuso reducir el presupuesto por la cantidad inicial de 65.000 millones, la cual fue considera una decisión inconstitucional por el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya.
“Hemos sido muy claros que nosotros no podemos negociar una disminución del FEES, porque negociar una disminución del FEES sería aceptar el incumplimiento de lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política de la República” declaró Araya vía Semanario Universidad.
En los meses posteriores a las negociaciones del FEES, los diputados Yorleni León y Wagner Rodríguez hicieron público su apoyo a los recortes del FEES. La diputada León declaró a La República en abril que esperaba que “el Ejecutivo mantenga una posición firme, austera, responsable y garantizada en resultados”; mientras que Wagner Rodríguez se encuentra buscando asesoría de ex magistrados de la República para elaborar modificar el artículo 85 de la Constitución Política, con el objetivo generar un mecanismo de control y supervisión financiera sobre las universidad públicas”
La Comisión integrada por los diputados mencionados no logró llegar a un acuerdo, así que sin la participación de los diputados del PAC, Enrique Sánchez y Mario Castillo, se presentó el Informe Legislativo de Mayoría. El mismo se aprobó con 31 votos de las fracciones del PUSC, PRN, PIN, PRSC y la mayoría de las diputaciones del PLN en una sesión de más de 9 horas marcada por las discusiones acaloradas y ataques personales. En contra votaron dos diputaciones del PLN, José María Villalta (FA) y la fracción del PAC.
“Las universidades han dirigido mayoritariamente sus ingresos al pago de salarios millonarios y a realizar inversiones en sus campus centrales”, lee el primer párrafo de sus conclusiones, las cuales critican la falta de presupuesto dirigido a sus sedes regionales, proponen una serie reformas salariales, afirman que las universidades públicas están dispuestas a cruzar límites para defender sus “privilegios abusivos” y cuestiona la necesidad de las humanidades y carreras relacionadas al arte en contraste con el mercado laboral.
Representantes de las federaciones estudiantiles se manifiestan al respecto
La molestia no sólo se dio de los diputados que votaron en contra, para Catalina Chaves actual presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), este informe es evidencia de que “esta año hay muchísimos más agravantes que en años anteriores” y califica el dictamen como una “grave amenaza para la autonomía universitaria”.
Por su parte el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) Noel Cruz y representante estudiantil de la comisión de enlace señala que “Se pueden realizar ajustes en el marco de la autonomía universitaria porque si no lo hacemos de esa forma serán agentes externos quienes nos lo impongan” como respuesta a este informe. Cruz también añade que la federación como organización se encuentra consiente de la compleja situación financiera en la que se encuentran la universidad no solamente por las dificultades que tiene el estado para proveer recursos sino también por aspectos a mejorar en cuanto a como se distribuye dicho presupuesto de manera interna.
Al preguntarle a Catalina cómo fue la organización interna para definir las petitorias de las universidades al mencionar la relación entre las federaciones de estudiantes y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) afirma que “no hay relación”. Esto no es sólo por una historia de unos últimos años tensos entre ambas entidades, sino porque el CONARE ha sufrido muchísimos cambios en los últimos meses.
Chaves hace referencia a la salida de Marcelo Prieto de la rectoría de la Universidad Técnica Nacional (UTN), la salida de Alberto Salom de la rectoría de la Universidad Nacional (UNA) y la salida de Henning Jensen de la rectoría de la UCR. Estos cambios, dejaron desarticuladas a las federaciones y rectorías como un frente unido ante las amenazas de los recortes de las universidades públicas. Mientras que Noel explica que “este asunto (haciendo referencia a la pandemia) nos cambio muchas cosas y también como órgano federado hemos estado bastan ocupados tratado de dar cobertura a temas como por ejemplo conectividad de los estudiantes y algunos contratiempos que han surgido durante semestre”.
Problemática en la distribución interna del presupuesto
Según los últimos estudios actuariales realizados para la UCR y la UNA en 2015 y 2016 respectivamente una de las principales complicaciones que sufren las universidades publicas se relaciona con la gestión los pluses salariales que recibe el personal de las instituciones, sobre todo el personal administrativo. Para ambas universidades dicho problema se resume a que la población mayor a 50 años que labora para las instituciones, debido a la baja en las pensiones estatales, se niegan a jubilarse siendo estos los que reciben la mayor cantidad de anualidades.
Dentro de las soluciones para el problema, los estudios recomiendan diversas opciones dentro de las cuales destacan realizar un recorte inmediato de los gastos para prevenir el desbalance entre los gastos y los ingresos o solicitar un incremento en el porcentaje del PIB destinado hacia el FEES, así como “Negociar por una mayor participación del FEES, o un incremento superior al 1,5% del PIB para la asignación de éste.”. Noel Cruz comenta al respecto explicando que, según este estudio, “si las universidades no generan no cambios en cuanto la estructura salarial, para el 2028 probablemente la mayoría del presupuesto universitario se va a utilizar para pago de salarios, esto en el caso de la UNA”.
Haciendo frente al recorte
Uno de los beneficios acordados para las instituciones es la posibilidad de recuperar los 9.800 millones cedidos al fondo de emergencia nacional en una reunión extraordinaria de la Comisión de Enlace, por medio de la flexibilización del superávit libre de las instituciones. La decisión fue corroborada mediante un decreto ejecutivo realizado por el Ministerio de Hacienda.
A nivel interno de la UCR, Valeria Rodríguez, miembro del Consejo Universitario de la UCR, afirma que se está estudiando la sostenibilidad de las becas estudiantiles y se sigue implementando el Fondo Solidario del Directorio de la FEUCR para estudiantes en condiciones vulnerables.
Además, destaca que recientemente el Directorio de la FEUCR presentó Plan Seguimos Aquí, una estrategia de comunicación que busca virtualizar la lucha estudiantil en medio de la pandemia por el Covid-19. Al exponer el plan, Rodríguez comenta que se busca unificar los frentes de la lucha.
Entre sus objetivos se encuentra visualizar el aporte de la educación superior pública en este contexto de pandemia, destacando el aporte de las universidades públicas en la contingencia de la crisis.
Noel aclaro por parte de la FEUNA que “la representación estudiantil jamás apoyará ningún tipo de iniciativa que pueda afectar los fondos de becas estudiantiles o pago de salarios. Así mismo agregó que de cara la crisis, la federación destinó un presupuesto de 50 millones de colones con el fin de facilitar ayuda a los estudiantes que requieran realizar el pago de créditos
En cuanto a las futuras negociaciones del FEES, Chaves opina que sin duda vendrán en épocas de crisis económica “la lucha por un presupuesto creciente y constitucional debe ir más allá del momento de negociación”.
El resurgir del Movimiento Estudiantil Universitario
Después de haber estado prácticamente dormido durante unos años, el Movimiento Estudiantil de las universidades públicas se vuelve a levantar el 16 de octubre de 2019, cuando los estudiantes de la Sede del Pacífico tomaron la Sede en respuesta a la reducción del presupuesto para carreras, becas y docentes.
Al día siguiente, se toman las facultades de Ciencias Sociales y Educación, y se bloquea la calle frente a la Universidad Nacional (UNA) en Heredia y sus entradas. Esta vez en respuesta a un redireccionamiento del FEES de 70 mil millones de colones anunciado por el Ministerio de Hacienda. En los días siguientes se les suman las tomas de las facultades de Arquitectura, Letras, el Edificio de Aulas y las Sedes de San Ramón, Guanacaste y Grecia.
La primera respuesta del Gobierno fue reducir el recorte de 70 mil millones a 35 mil millones. Se organiza una marcha hacia Casa Presidencial, mientras que el CONARE y las Federaciones de Estudiantes llegan a un acuerdo con el Poder Ejecutivo que consistió en clasificar las diferentes partidas de gasto que actualmente están consideradas como gastos corrientes para contabilizarlas como gastos de capital. Los estudiantes de las tomas consideraron que el acuerdo no cambiaba nada, pues técnicamente seguía tratándose de un redireccionamiento. Estos estudiantes se nombran a sí mismos Frente Autónomo Interuniversitario (FAI), para decir que las Federaciones no los representaban.
Las tomas se terminan disolviendo una por una. El 21 de noviembre se aprueba el presupuesto nacional para el 2020. Son puestos bajo arresto 7 estudiantes en San Pedro y 4 en San Ramón que protestaban contra ese presupuesto. La desmotivación, sumada a la falta de organización y de liderazgo hacen que el FAI se disuelva, pero sus miembros se mantienen en contacto.
Ante los recortes propuestos este año, la estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR) y miembro del movimiento, Stephanie Jara comenta que “para mí la autonomía es una filosofía política con la que yo misma me identifico, un modelo de sociedad que rechaza cualquier tipo de autoridad ejercida de un grupo sobre otro, pero que tampoco trata de imponerse mediante la toma del poder porque consideramos que el poder corrompe.”
En mayo del 2020, el Poder Ejecutivo solicita recortar ₡66.000 millones del FEES correspondiente a este año, debido a la caída en ingresos tributarios por la pandemia de la COVID-19. Esto vuelve a encender las alarmas de los antiguos miembros del FAI. Luego de esto, los diputados que integran la Comisión Legislativa dedicada a estudiar el FEES emitieron un informe de mayoría que incluía más intervenciones a la coordinación de ese presupuesto. Ante esto, el SINDEU convoca a una reunión con estudiantes que participaron en todas las tomas con el propósito de volver a organizarse para la defensa de la autonomía universitaria, dando así origen al MEU.
Handel Arguedas, estudiante de la UNA quien también participa del movimiento, afirma que “autonomía es la pluralidad de pensamiento de la que gozan las universidades públicas. Viendo las reuniones de la Asamblea uno se da cuenta de que ese pluralismo no les gusta a ciertos diputados que lo que quieren es mercantilizar la educación pública, esa es la razón principal de por qué no les confiaría a ellos la capacidad de intervenir en la coordinación del presupuesto.”
