Guía actualizada sobre las acusaciones contra Meco, H Solís, CONAVI, MOPT y otros
El 14 de junio del 2020, un amplio operativo presentó al ojo público la investigación judicial y policial sobre el caso “Cochinilla”. El expediente 19-000025-128-PE recopila pruebas y conversaciones telefónicas entre funcionarios públicos del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), así como de diversos privados involucrados con los gigantes constructores Meco y H Solís.
De la información del expediente, figura la exposición de una red de tráfico de influencias en las que se acusa la participación de los empresarios Carlos Cerdas, de Meco; y Mélida Solís de H Solís. Esta red, tenía contrapartes en el CONAVI, con un importante vértice en el cargo de Carlos Solís, gerente de Adquisiciones y Finanzas de la institución. También influyó en proyectos nacionales a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Así, el expediente contiene información sobre cómo Solís Murillo habría influido a Méndez Mata y el exasesor del Presidente, Camilo Saldarriaga, para conseguir presupuesto en favor de H. Solís, entre finales del 2019 e inicios del 2020. Para esta cooperación, las empresas giraban dádivas a favor de Solís Murillo, pero también se menciona hasta la compra de licor en favor de un funcionario de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda.
El expediente afirma que Solís Murillo, la empresaria Mélida Solís y el exasesor del Presidente sabían que se gastó en seis meses el 50% del fondo vial, por la acusada voracidad de facturación de las constructoras.
Meco y H Solís recibieron ¢154.250 millones por año entre 2016 y 2020 mediante prácticas ilegales para apoderarse de distintas licitaciones.
El caso más importante de esta voracidad, el expediente lo atribuye a la contratación de dos licitaciones, durante el año 2016.
“Aproximadamente entre el mes de octubre del 2015 y el mes de marzo del 2016, los investigados Roberto Acosta y Mélida Solís (ambos dueños de H Solís) en asocio con Carlos Cerdas Araya (dueño de Meco), persiguiendo un resultado contrario al ordenamiento jurídico, en su relación con la actividad contractual del Estado representado en el Conavi, coludieron los intereses de ambas empresas para participar en las licitaciones 2014LN-000017-0CV00 y 2014LN-000018-0CV00, lo cual ocultaron al amparo de la normativa jurídica aplicable a los procesos de contratación administrativa, resultando favorecidos de las adjudicaciones casi en partes iguales en ambas licitaciones, lo cual contraviene groseramente los principios de eficacia libre, concurrencia e igualdad”, afirman las acusaciones que provienen de investigaciones del OIJ y el Ministerio Público.
Para investigar sobre estas acusaciones, el 22 de junio, la Asamblea Legislativa nombró a siete diputados para conformar una comisión investigadora especial que continúa en funcionamiento y convoca entrevistas con las figuras nombradas en el expediente penal. Los detalles sobre estos eventos pueden leerse más abajo en una línea de tiempo que recopila todos los hallazgos y ocurrencias, a lo largo de las últimas semanas.
Por ejemplo, otro de los grandes negocios descripto por el expediente penal es el asfalto.
De este negocio, el 60% de los ingresos de la empresa Meco dependían de mantener estas plantas asfálticas en funcionamiento. Para el 2018, el ministro del MOPT habría mantenido las plantas en parálisis, dentro de ellas una recientemente inaugurada por la administración de Luis Guillermo Solís.
Distribución geográfica de puntos mencionados en el expediente judicial
Línea de tiempo: todas las noticias del caso Cochinilla
