5 claves para entender la crisis de la UCR
Este reportaje analiza los factores que explican esta coyuntura crítica: la pérdida de legitimidad de las autoridades, el colapso temporal de la representación estudiantil, la protesta organizada, la aplicación conflictiva del régimen salarial y el debate en torno a los límites institucionales frente a la libertad de expresión.
En solo seis meses, la Universidad de Costa Rica ha atravesado una cadena de conflictos que, por su intensidad y simultaneidad, no tienen precedentes en su historia reciente. Desde la llegada de Carlos Araya a la Rectoría el 1.º de enero de 2025, la institución ha vivido renuncias estudiantiles, tomas, choques en el Consejo Universitario, polémicas salariales, acusaciones de censura y denuncias de autoritarismo.
Carlos Araya Leandro es contador público, doctor en Economía y funcionario de larga trayectoria en la Universidad de Costa Rica (UCR). Fue rector de transición durante el segundo semestre del 2020, tras la salida de Henning Jensen, y ejerció como vicerrector de Administración entre 2012 y 2020. En el periodo 2021-2024, representó a las sedes y recintos en el Consejo Universitario, un cargo clave para el entendimiento de parte de la crisis. También ha sido director de la Sede del Atlántico y profesor en diversas carreras desde los años noventa.
Las tensiones no se concentran en un solo frente: protestas estudiantiles, confrontaciones con el Consejo Universitario, denuncias penales, críticas presupuestarias y una fuerte controversia legal en torno al Régimen Salarial Académico convergen en un clima de desconfianza, tensión y deslegitimación. Este reportaje ordena los hechos para examinar si la crisis se debe a decisiones de esta administración o si es simplemente la cara visible de un desgaste institucional más profundo.
La crisis no es solo política. Es también presupuestaria. Según estimaciones presentadas por el propio Araya, la UCR perderá entre ₡30 mil y ₡42 mil millones en cinco años si no se renegocia el acuerdo actual sobre el FEES. Araya asegura que el acuerdo de CONARE fue firmado el 20 de setiembre 2024 por el exrector Gustavo Gutiérrez y que su equipo trabaja para revertirlo. Sin embargo, su liderazgo para encabezar esa negociación ha sido fuertemente cuestionado.
La situación también se volvió más compleja con la incorporación del ministro de Educación, Leonardo Sánchez, al Consejo Universitario. Aunque su presencia está respaldada por el Estatuto Orgánico, fue vista por algunos sectores como una intromisión del Ejecutivo. “Este gobierno quiere posicionar una serie de temas, y esta es la forma”, declaró Sánchez.
A todo esto se le sumó la cancelación de los eventos principales de la Semana Universitaria 2025 por una mala planificación por parte de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) que radicalizó parte del frente estudiantil. A través de cinco claves, este trabajo periodístico pretende entender todos los frentes que se han abierto tanto a nivel institucional como de cara a la comunidad nacional.
- La legitimidad bajo fuego
Las dudas alrededor de la figura de Araya se escuchaban desde el periodo de campaña. Sus nexos con el director de la sede de Guanacaste, Edgar Solano, acusado de acoso y de encubrir una red de prostitución; su trabajo como vicerrector de administración y rector interino durante el periodo de Henning Jensen y su ferviente impulso a golpe de tambor de un nuevo Régimen Salarial Académico fueron de las sombras que se escuchaban.
A pesar de este historial, el primer golpe a su legitimidad lo dio él mismo. A semanas de su llegada al cargo. El rector dictó la resolución R-75-2025 en la que homologó los salarios de varias jefaturas administrativas, puestos de confianza nombrados por el propio Araya. Según el documento pretendía evitar rebajos salariales y facilitar la participación académica en puestos de gestión. La resolución indicaba responder a un acuerdo del Consejo Universitario – de cuando Araya funcionaba bajo este sombrero – y que el anterior rector había limitado.
Esto caló profundo en distintos medios de comunicación que desde entonces prestan especial atención a la universidad. Los cuestionamientos se han mantenido en el tiempo y llegaron a un punto de tensión importante el martes 6 de mayo, cuando el representante de los Colegios Profesionales ante el Consejo Universitario, William Méndez, pidió públicamente la renuncia del rector Carlos Araya. “Se deslegitimó a sí mismo y hoy se ahoga en evasivas”, dijo. La solicitud no fue un hecho aislado: reflejaba un ambiente crispado, donde varios sectores universitarios comenzaron a manifestar públicamente que la conducción actual no representaba los valores ni la autonomía histórica de la institución.
En una sesión del Consejo Superior Estudiantil (CSE), celebrada el 2 de mayo, representantes de diversas carreras cuestionaron directamente al rector. “El puesto de rectoría le quedó muy grande”, le espetó Santiago Cortés, estudiante de Ciencias Políticas. La comparecencia, que pretendía calmar los ánimos, terminó consolidando el distanciamiento entre Araya y el movimiento estudiantil. La respuesta del rector fue enfática: no piensa dimitir. “Esta crisis no la creamos nosotros, pero estamos enfrentándola”, expresó en la sesión N° 6895 del Consejo Universitario. Fernán Orlich, representante estudiantil ante el Consejo Universitario opina distinto a Araya y en entrevista señaló que: “La Universidad de Costa Rica está hecha para la crítica. Ese es el rol de los medios, pero también de las personas que no coinciden con las decisiones institucionales.”
A lo largo del semestre, el rector ha denunciado una “instrumentalización” mediática en su contra. Desde la Oficina de Comunicación Institucional (OCI) se ha sugerido que parte de la cobertura sobre la crisis responde a intereses particulares. Sin embargo, el Programa de Libertad de Expresión de la UCR ha advertido que esta narrativa no puede usarse para deslegitimar la prensa. “Etiquetar como campañas de desprestigio lo que es cobertura crítica es inaceptable”, escribió Giselle Boza, su directora.
Las tensiones se han extendido incluso a medios institucionales y espacios de comunicación interna. La situación en torno a la OCI es también compleja. El exdirector de la oficina, Marlon Mora, fue destituido por la publicación de un video institucional que contenía críticas a la prensa y que, según la Rectoría, no reflejaba con fidelidad lo discutido en una reunión del Consejo de Rectoría Ampliado el 9 de mayo. Aunque la Universidad alegó que el material no estaba autorizado, Mora asumió la responsabilidad y defendió su versión, asegurando que hay testigos que pueden respaldar lo narrado en el audiovisual. El despido ocurrió el mismo día en que el rector Carlos Araya solicitó retirar el video, tras una ola de críticas por su contenido.
También es conocida la posición de Araya en torno a medios universitarios como el Semanario Universidad o Radio U los cuales ha criticado por su libertad de prensa y asegura deberían únicamente servir a la difusión de la labor de la universidad. Fuentes a lo interno del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) aseguran que Araya ha expresado públicamente su frustración por la cobertura mediática que le ha dado el Semanario Universidad a la crisis.
- Caída de la FEUCR
El 24 de abril, día en que se conmemora el movimiento contra ALCOA, razón por la que se estableció la Semana Universitaria en esa fecha. 20 minutos antes del inicio de los conciertos de ese día, que incluían a Sonámbulo Psicotropical, Los Hicsos y a Elena Umaña, los integrantes del directorio de la FEUCR subieron a la tarima e indicaron que el concierto se cancelaba por razones de “fuerza mayor”. Idéntico comunicado subieron a sus redes sociales. Fue gracias a una investigación del Semanario Universidad que se dio a conocer el motivo real de la cancelación: los permisos para realizar un evento masivo se habían solicitado el 22 de abril, un día antes del inicio de los conciertos en la sede Rodrigo Facio. La suspensión se extendió a los conciertos del viernes 25 de abril, día que estudiantes de sedes y recintos visitaban la Ciudad Universitaria para asistir a los conciertos.
El directorio de la FEUCR, alcanzado por segundo año consecutivo por el partido político INTEGRA, tenía muchísimos anticuerpos a lo interno de la comunidad estudiantil previo a ese fatídico jueves. Se les criticó su apoyo a la candidatura de Carlos Araya y su silencio luego de desatarse la crisis alrededor de su figura.
La distancia de estos representantes también era evidente desde que el propio Tribunal Electoral Estudiantil (TEEU) desinscribió a INTEGRA como partido federativo. La sanción respondió a un proceso disciplinario por uso indebido de medios de comunicación estudiantiles durante la campaña electoral de 2024. Esto porque contactaron por medio de WhatsApp a personas solicitando el voto el propio día de la elección (15 de noviembre). Todo ello derivó en la pérdida de todos sus escaños en el CSE. Aunque la agrupación apeló sin éxito, calificó la decisión como “antidemocrática” y aseguró que responde a presiones políticas. Desde entonces, sus representantes han continuado ejerciendo en la FEUCR sin el respaldo formal del órgano electoral.
La problemática con el directorio de la FEUCR escaló al punto que en la misma sesión del CSE del 2 de mayo, celebrada en el Auditorio de la Facultad de Educación, se recriminara el actuar de estos. El siguiente punto luego de la descarga de Araya tuvo que ver con hasta 5 mociones desde decenas de asociaciones de estudiantes exigiendo la renuncia del directorio de la FEUCR.
Es en esa misma sesión que Artemisa Villalta, hasta entonces presidenta de la federación, presentó su renuncia al cargo. También renunciaron a su cargo Raquel Orias (comunicación), Joseph Ray (vicepresidencia), Esteban Cerdas (tesorería) y Mary Paz Fonseca (secretaría general). Con lo cual, de las 14 personas que componen el directorio, este quedó con 10. A esto le sucedió la toma del edificio de la federación que abordaremos en la siguiente clave.
Sería hasta la sesión N° 71 del CSE del 27 de junio que se lograron nombrar nuevas personas en tres de los puestos vacantes en el directorio de la FEUCR: secretaría general, secretaría de Comunicación e Información y la suplencia de Sedes y Recintos. A esto se le suma el ascenso de José Manuel Masís a la presidencia.
El propio Masís declaró a este medio “Actualmente la universidad ha presentado diferentes conflictos a lo interno que requiere la acción y la vigilancia del movimiento estudiantil y para eso ha sido necesario recuperar esa articulación que nos ha caracterizado. Pues al final, todos somos estudiantes con un mismo objetivo. También es fundamental que subsanemos los conflictos internos para poder defender la universidad pública.”
- Protesta estudiantil: tomas, choques y denuncias
Ese propio 2 de mayo, una vez concluida la sesión del CSE y que posterior a la renuncia de Artemisa, la secretaria de derechos humanos, Tamara Arancibia, subió al estrado a continuar presentando sus planes. Esto llevó a Nicole Palma, secretaria del cuerpo coordinador del CSE, a indicarle que “Solo estás molestando a toda esta gente y no tenés ninguna validez par hablarnos”. Fue entonces cuando Axel Quirós, presidente del cuerpo coordinador del CSE, convocó a una toma del edificio de la federación.
Esto se apoyó en un movimiento estudiantil apartidario que se autodenominó “Alianza Estudiantil” quienes tomaron las instalaciones de la FEUCR ubicadas en la parte posterior del Comedor Estudiantil de la UCR. La toma se mantuvo por dos meses hasta el 2 de julio de 2025. En una entrevista previo al anuncio de la deposición de la toma Orlich ya había abogado por la necesidad de cooperación entre sectores estudiantiles. “Es momento de sentarnos a hablar: representaciones electas, personas en la toma, asociaciones y órganos. Lo primero es acercarnos, y luego establecer espacios de diálogo.”
El 30 de mayo, un grupo de estudiantes se manifestó contra el nombramiento del nuevo director de la Escuela de Estudios Generales. La protesta, inicialmente pacífica, escaló cuando la directora interina, Marlen Calvo, intentó salir del edificio. Los manifestantes le exigieron dar la cara por decisiones que consideraban autoritarias y rodearon su vehículo. Aunque no se registraron agresiones físicas verificadas, Calvo presentó una denuncia disciplinaria contra cinco personas estudiantes, acusándolas de privación de libertad y violencia simbólica.
Uno de los elementos más controvertidos de la denuncia realizada por Calvo fue que incluyó a Alhana Chavarría, expresidenta de la FEUCR y que no se encontraba en las instalaciones de la universidad el 30 de mayo. La denunciante reconoció luego haber cometido un error de identificación. Chavarría señaló que fue confundida con una “compañera trans”, lo que derivó en fuertes acusaciones de transfobia institucional. “Confundirme representa un acto de violencia hacia mis derechos”, denunció la expresidenta.
En la denuncia de Calvo también se incluía una solicitud de revisar cámaras de seguridad para identificar manifestantes generó nuevas tensiones. “¿Las cámaras no sirven para sancionar casos de acoso, pero sí para castigar protestas?”, cuestionó Ilka Treminio, representante del área de Ciencias Sociales ante el CU. En su opinión, la rectoría ha optado por medidas punitivas inéditas en la vida democrática de la UCR.
- Régimen salarial: técnica y política en conflicto
Como ya se propuso en el punto 1, el tema detonante de la crisis alrededor de Carlos Araya tiene que ver con la aplicación del nuevo Reglamento del Régimen Salarial Académico (RRSA), un instrumento que buscaba ordenar el pago a la docencia bajo los lineamientos de la Ley Marco de Empleo Público.
El reglamento había sido implementado desde 2024 por Gustavo Gutiérrez que recientemente señaló que lo hizo bajo amenaza velada de una posible sanción por parte del CU. Gutiérrez, sin embargo, dejó por fuera de la aplicación dos puntos importantes, el paso libre de personas de salario compuesto a salario global y la subida de salario a algunos puestos de confianza de rectoría. Ambas medidas fueron adoptadas por Araya nada más subir a la silla de rector.
Esto ha llevado a la creación de una comisión para el RRSA en el CU y a intercambios entre Araya y autoridades de la anterior administración. Uno de los más importantes y que incluso acaparó toda una sesión del CU fue con el exdirector de la Oficina Jurídica (OJ) de la UCR, David Fallas. Fallas envió al CU un contundente derecho de réplica luego de que Araya sugiriera que Fallas y so oficina habían determinado que la RRSA respondía correctamente a la Ley Marco del Empleo Público.
En su carta Fallas defendió la coherencia de sus dictámenes y que estos no validaban las acciones de Araya. “Si no lo leyeron o no lo entendieron, eso no es mi responsabilidad”, afirmó. Fallas sostuvo que el reglamento solo podía aplicarse si se demostraba viabilidad financiera, algo que no ocurrió. La disputa detonó una discusión más amplia: ¿quién debe nombrar al director jurídico? Actualmente, lo hace la rectoría, pero voces dentro del CU impulsan una reforma para que ese nombramiento pase a ser responsabilidad del propio Consejo.
A su vez, a este punto se debe añadir al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y a su jerarca, Marta Esquivel quienes han insistido en la ilegitimidad de la norma y han solicitado suspender la RRSA. Sin embargo, la OJ, ahora bajo el mandato de Araya, respondió a una solicitud de la ministra aclarando que la Universidad no está ni estará sometida a la rectoría de Mideplan, según lo establece la Ley Marco de Empleo Público y la autonomía constitucional de las universidades públicas. El dictamen jurídico enfatiza que la ministra no consultó fuentes oficiales de la Universidad y que su petición debe considerarse como una simple solicitud, sin carácter vinculante ni jerárquico.
- Represión y coqueteo con políticos externos
Desde sectores estudiantiles y académicos se denuncia una escalada de un discurso autoritario dentro del aparato institucional. No solo se activaron mecanismos disciplinarios sin precedentes como la denuncia a manifestantes, sino que incluso se propuso pedir asesoría a la Unidad Especial de Intervención (UEI) de Casa Presidencial para atender manifestaciones. La moción, presentada por el representante de Ingenierías en el CU, fue finalmente rechazada. Sin embargo, su sola presentación generó un rechazo generalizado. En una nota conciliadora Orlich aseguró que “La universidad tiene que empezar a reconocer las deficiencias que ha habido y abrir espacios de diálogo que tanto se han pedido.”
Por otro frente surgieron rumores sobre la contratación del asesor de comunicación Elliot Coen para manejar la crisis de imagen de la rectoría. Coen es famoso por su vínculo con las campañas políticas del Partido Liberación Nacional del que recientemente salió luego de denuncias por actitudes machistas. Aunque no existe contrato alguno, el propio Coen admitió conversaciones con Araya. “Ayudaré por convicción”, dijo en un comunicado el 14 de mayo.
La criminalización de la protesta social también es una de las actitudes de Araya y su círculo que han molestado a distintas áreas de la universidad. Muchas unidades reaccionaron a la denuncia de Marlene Calvo a manifestantes. El CSE emitió una resolución el 16 de junio que califica como “inadmisible cualquier intento de represión institucional” y advirtió que las declaraciones hechas por personal de la Escuela de Estudios Generales “sientan un precedente sumamente grave que amenaza la libertad de expresión, organización y movilización en el ámbito universitario”.
También, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) se pronunció sobre lo ocurrido señalando que “el victimismo de los sectores dominantes, la creación de enemigos internos, el uso de medidas de control y vigilancia, la criminalización de la protesta son todas estrategias propias del autoritarismo”.
En esa misma línea, la seccional del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) en la Escuela de Psicología afirmó que “se han multiplicado las expresiones de preocupación sobre el grave deterioro de la legitimidad de nuestra institución”, y manifestó “su solidaridad con la lucha de las personas estudiantes”, subrayando que “las protestas estudiantiles han sido parte de la vida de la institución desde su nacimiento”.
Epílogo: ¿crisis de rector o crisis de modelo?
A seis meses del inicio de la gestión de Carlos Araya, la Universidad de Costa Rica se encuentra en un punto de inflexión. El rector argumenta que ha debido enfrentar una institucionalidad desgastada y que sus decisiones responden a la necesidad de ordenar y estabilizar la universidad. Sus críticos, por el contrario, sostienen que ha centralizado el poder, debilitado el diálogo y agudizado las tensiones preexistentes.
La fragmentación del movimiento estudiantil, las diferencias dentro del Consejo Universitario y el desgaste en la relación con medios de comunicación institucionales son apenas algunas señales del clima de confrontación que vive la institución. La aplicación del nuevo régimen salarial, los conflictos en torno a la protesta estudiantil y las denuncias de autoritarismo revelan fisuras que trascienden a una sola administración.
Desde la representación estudiantil, Fernán Orlich reconoció que el ambiente ha sido especialmente tenso. “Ha sido un año muy convulso y algo que a mí me duele, a título personal, es que siento que las personas no logramos escucharnos”, afirmó en entrevista. Orlich abogó por recuperar espacios de conversación genuina entre sectores diversos y advirtió que, de no hacerlo, la universidad podría seguir debilitándose justo en momentos clave como la negociación del FEES.
La UCR atraviesa así un periodo de incertidumbre donde los desacuerdos no solo responden a diferencias ideológicas, sino también a visiones encontradas sobre el rumbo institucional. Aunque algunas de las tensiones se relacionan directamente con decisiones recientes, otras apuntan a problemas estructurales acumulados con el tiempo, como la relación entre la autonomía universitaria y los órganos de control externo, o los límites de la representación política estudiantil.
Determinar si la crisis es producto de un estilo de liderazgo específico o de un modelo universitario en transformación es una tarea aún en curso. Pero para buena parte de la comunidad universitaria, el desafío no está solo en encontrar responsables, sino en reconstruir la legitimidad institucional desde el respeto, el diálogo y la defensa de los principios históricos de la educación pública costarricense.
