Hay alrededor de 650 mujeres privadas de libertad en el Centro de Atención Integral (CAI) Vilma Curling Rivera, y no todas gozan del derecho a una menstruación sana y digna
Durante toda su vida las mujeres enfrentan un proceso fisiológico natural y habitual: la menstruación. Este proceso forma parte de su condición humana y se encuentra presente en el desarrollo de nuestras vidas, suele iniciar entre los 10 y 15 años de edad y termina entre los 45-55 años; por lo tanto, menstruamos entre 35 y 40 años, periodo donde enfrentamos diferentes implicaciones sociales, culturales, religiosas y económicas.
Sin duda, la menstruación incide directamente en la experiencia de vida y desarrollo de las mujeres. Por ello, hablar de la regla debería hacerse sin tabús, sin miedos y con enfoque de género. No obstante, hay niñas que lloran cuando les viene la regla por primera vez.
“Yo pensé que era una broma de Dios. Era un día de los inocentes, No quería salir del baño y solo lloraba”, recuenta María (pseudónimo) sobre un día hace un poco más de dos décadas, cuando por primera vez vio una mancha roja sobre su ropa interior.
Hoy en día, María cumple una pena de prisión en el Centro de Atención Integral (CAI) Vilma Curling Rivera y algo que antes era tan usual para atender su periodo: el tampón, se volvió como conseguir oro o diamantes.
La falta de acceso a productos de higiene y a información menstrual deriva en prácticas que ponen en riesgo la salud y potencialmente la vida de quienes menstrúan, por lo que la promoción de buenas prácticas e incluso la posibilidad de distribuir productos menstruales de manera gratuita permite evitar enfermedades.
Derecho a la salud e higiene menstrual: ¿qué tiene que ver el Estado?
La UNICEF destaca que el derecho a la salud e higiene menstrual deriva del derecho a la salud e incluye derechos específicos relacionados a la menstruación; por ejemplo, el acceso a productos menstruales y a elementos de limpieza que le permitan a las mujeres vivir una menstruación de forma digna, segura y saludable.
Sin embargo, en los centros penitenciarios no siempre se cumple este derecho. Esto resulta preocupante, ya que, como describe María, “sea que uno está en la casa o en otro lado, el periodo de las mujeres no va a cambiar”.
Las mujeres no dejan de menstruar al entrar a un centro penitenciario, por lo que su derecho a la salud e higiene debería permanecer intacto. María explica que, si a una mujer se le pasa la regla estando en su casa, lo más común es recurrir al baño para limpiarse, bañarse y cambiarse la toalla, pero en un centro penal, si la mujer está laborando, ese mismo hecho implica tener que informarle de la situación al oficial inmediato, al jefe del trabajo y al oficial que se encarga de cuidar el portón en los distintos módulos.
Este tipo de trato irrumpe con la privacidad de las mujeres en estos escenarios. Sin embargo, la problemática que rodea la menstruación en los centros penitenciarios no se limita solo a esto. En ocasiones, existen problemas en el acceso a los productos de higiene menstrual.
Según las leyes costarricenses actuales, el Estado no tiene la obligación de aportar estos productos higiénicos a las personas privadas de libertad. De manera que las personas menstruantes en centros de reclusión quedan a la voluntad y capacidades de sus familiares o personas que las visitan.
“Voy a ponerme de ejemplo a mí misma”, comentó María. “Me encantan los Tampax, odio las toallas. Cuando yo llegué al centro penal, a mi esposo no lo dejaban ingresar los tampones, luego de negociar y negociar, ya nos dejaron pasar los tampones, pero cuento con ayuda familiar. Ahí hay mujeres que no tienen ningún apoyo”.
Las mujeres que no reciben apoyo familiar normalmente dependen de las donaciones que recibe el centro penal. Estas consisten en uno o dos paquetes de toallas sanitarias, uno o dos jabones de baño, tres rollos de papel higiénicos, una pasta de dientes y unas burbujas de champú, pero es una contribución inestable. A veces, las donaciones pueden ingresar cada mes y medio, lo cual implica que, para aquellas mujeres que sufren de un flujo sumamente abundante y requieren una mayor cantidad de toallas o papel higiénico la situación se vuelve todavía más complicada.
Impacto en la salud y la economía
Ana María Rodríguez, especialista en ambiente y género, actualmente está realizando su tesis de grado en una propuesta educativa sobre higiene menstrual.
“Muchas veces mencionaba que los productos menstruales que les llegaban estaban vencidos,” comenta Ana María. “Y esto es profundamente preocupante, porque, como ingeniera en materiales, sé que los desecantes que utilizan los productos menstruales vencidos pueden generar alergia. Los plásticos con el tiempo se endurecen y secan, se pueden desarrollar hongos y en general es un riesgo utilizar un producto menstrual vencido”.
Cuando en la cárcel una mujer no tiene toallas para manejar su periodo, entra en juego la sororidad y el trueque. Entre ellas se ayudan para poder suplir las necesidades insatisfechas que surgen a partir de esa falta en productos provistos por el Estado.
Sin embargo, ante este tipo de situaciones, Ana María rescata que siempre debe tenerse presente el hecho de que los productos menstruales son una carga económica importante y para muchas familias implica un gasto significativo, sobre todo si son productos menstruales para ciclos fuertes.
Estudios señalan que, de acuerdo al ciclo promedio de menstruación de las mujeres (cuarenta años en ciclos mensuales de 28 días, 5 de los cuales son de sangrado), las mujeres necesitan, en promedio, 20 toallas o tampones mensuales, 240 anuales y 9120 a lo largo de la vida. En términos económicos esto puede representar desde ₡500.000 hasta tres millones de colones, en la vida de una mujer, según los productos que elija para recolectar su menstruación.
Desigualdad entre hombres y mujeres
Las desigualdades de las mujeres en los centros penitenciarios van más allá de la higiene menstrual.
La fiscala Floribeth Rodríguez Picado, en su tesis de maestría detalla que una de las mayores distinciones que ella notó a nivel estructural entre las cárceles de hombres y mujeres, es el hecho de que a los hombres los visitan usualmente sus parejas mujeres y les llevan todo lo que necesitan, como víveres, ropa, zapatos, dinero y demás.
Caso contrario, a las mujeres las visita un porcentaje mucho menor de familiares y conocidos y son ellas las que, desde dentro, están intentando generar un sustento para sus familias afuera.
“Muchas de ellas son jefas de hogar”, relata la fiscala. “Yo trabajé con una población en la cual la mayoría son madres, entonces dentro de la cárcel tienen que estar pensando en cómo trabajar y cómo lograr mantener a sus hijos afuera”.
Por ende, existen diferencias en la cantidad de visitas que reciben las mujeres en comparación con los hombres, la calidad de las visitas, los productos que reciben y, además, en la carga económica que asumen estando dentro de los centros penales.
Legislación con enfoque de género
El pasado 8 de mayo, las diputadas de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentaron un proyecto de ley llamado Menstruación y Justicia, en él plantean que se reduzca al mínimo los impuestos de los productos que son para recolectar la sangre de la menstruación.
Actualmente, en la canasta básica se incluyen solamente las toallas sanitarias delgadas, excluyendo así las toallas normales, ultradelgadas, nocturnas, los tampones, los protectores diarios y otros métodos de recolección de la menstruación. Es decir, las mujeres deben pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que corresponde al 13%, para atender un proceso biológico de su cuerpo.
El expediente consta de ocho artículos y, además de ordenar una tarifa reducida del IVA, para los productos de higiene menstrual, declara el 28 de mayo como Día de la Higiene Menstrual.
Asimismo, crea la obligación de que se eduque a las privadas de libertad sobre la menstruación y se las provea de productos de higiene menstrual, tanto en los centros penitenciarios como en los de detención por condición migratoria.
“Este es el primer paso por una ruta que busca eliminar los impuestos a los productos rosa, es decir, aquellos precios que pagamos de más las mujeres por productos de consumo dirigidos a nosotras”, explicó Carolina Hidalgo, diputada del PAC.
